Arturo Rodríguez García
Es 19 de febrero y las noticias destacan la inclusión de Napoleón Gómez Urrutia y Germán Martínez Cázares en la lista de candidatos al Senado por representación proporcional que el domingo 18 aprobó Morena. Javier Lozano Alarcón descalifica la inclusión del primero, desde su papel de vocero de José Antonio Meade.
Hace doce años, la madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, cobró la vida de 65 trabajadores. El lugar era un desastre en materia de seguridad y de eso sabían al menos con dos años de anticipación la empresa, el sindicato y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Fueron sus representantes quienes identificaron apenas 12 días antes, en la visita de verificación del 7 de febrero de aquel año, desperfectos eléctricos, falta de procedimientos para inhibir la explosividad del polvo de carbón, mala ventilación para expulsar el gas así como una pésima colocación de ademes, convertían el lugar en un socavón letal.
Además, las condiciones laborales eran precarias para la mitad de los trabajadores subcontratados gracias a un contrato de protección, que generaba dividendos para el sindicato nacional, y que a la postre devino en pensiones de unos 2 mil pesos para las viudas, determinados por la Profedet calderonista, entonces a cargo de Joaquín Blanes Casas, un político transexenal actual director de Correos de México.
La mina era de Industrial Minera México, una subsidiaria de Grupo México, cuyo presidente y accionista mayoritario, es Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México con una fortuna personal estimada el año pasado por la revista Forbes, de 13 mil 800 millones de dólares. Mucho dinero, mucho poder, con gobiernos que posibilitaron que esas muertes quedaran impunes.
Dado que había numerosas irregularidades, se abrieron expedientes en todas las materias, entre estas la laboral por seguridad e higiene y la administrativa, por la irregularidad en la actuación de servidores públicos. Tocó conocer el caso a la secretaría de la Función Pública a cargo de Martínez Cázares, que a pesar de la abundante información documental y testimonial, no emitió sanciones en su paso por la dependencia.
Los hechos en Pasta de Conchos coincidieron con una embestida del gobierno de Vicente Fox, para defenestrar a Gómez Urrutia, a quien le negaron la toma de nota. La última vez que se le vio en público, antes de huir a Canadá, fue por aquellos días de 2006 en Pasta de Conchos, cuando las familias de los mineros lo encararon y al intentar correr cayó en un charco de lodo.
Encargado de perseguir a Gómez Urrutia, Javier Lozano también es responsable de la impunidad. El 20 de marzo de 2009, entrevisté al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, en Monterrey. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), había emitido su informe GB 304/14/8 reprobando al Estado Mexicano en 25 de 27 reclamos. Aunque yo tenía el informe en la mano, Lozano mintió. Me dijo que la OIT había cerrado el caso, que le daba la razón al gobierno, y en su estilo pendenciero, descalificó a los deudos y defensores que los acompañaban. Lozano es responsable de evitar todo intento por esclarecer lo ocurrido.
Sólo por los deudos –y defensores como Cristina Auerbach y el obispo Raúl Vera que ayer ofició en la calle, frente a la Bolsa Mexicana de Valores– el reclamo sigue latente. Como en aquellos días de 2006, Auerbach sigue encontrando irregularidades, ocultamientos, exigiendo que se abra la estructura que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto cerraron bajo engaños y dictámenes a modo, autorizando que en parte volviera a operar para favorecer a Rogelio Montemayor, aquel director de Pemex acusado y exonerado por el famosísimo “Pemexgate”, el gran escándalo por desvío de recursos a la campaña del PRI en el 2000.
Las minas de carbón siguen matando trabajadores, los empresarios se hacen más ricos y los políticos panistas que les dan impunidad, siguen en el poder ahora por el PRI y seguirán por Morena.:.