Aníbal Feymen
Tercer artículo de la serie en la que pretendemos demostrar que la denominada Reforma Energética, implementada en México durante el año de 2013, actúa como respuesta a la crisis de sobreacumulación y desvalorización que el capitalismo actual padece y se inserta de lleno en las pugnas imperialistas que imponen políticas intervencionistas en países dependientes con el objetivo de saquear sus recursos naturales y energéticos.
Tercera parte
Ante el posicionamiento en materia energética del gobierno estadounidense, contenido en el documento Oil, Mexico and the Transboundary Agreement [1] elaborado por el Senado norteamericano en diciembre de 2012, el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió con la administración Obama a realizar una reforma a la Constitución mexicana con el objetivo de contribuir a la seguridad energética de Estados Unidos.
Esta reforma acordada tendría que ser lo suficientemente profunda para incentivar la pulverización de los organismos del Estado mexicano responsables de suministrar los bienes y servicios energéticos a los mexicanos. La reforma también debería concretar la entrega de los yacimientos a la banca y a las grandes corporaciones estadounidenses; situación que implica un verdadero dominio directo del territorio nacional con una eventual protección militar del ejército norteamericano. Desde luego que la modificación constitucional también tendría que otorgar a las firmas imperialistas el beneficio de la renta petrolera y obligaría a nuestro país a la libre importación de energéticos y petroquímicos estadounidenses. Vaya, en pocas palabras, el cambio jurídico tendría que reducir a México como país exportador de crudo sin valor agregado e importador de petrolíferos y petroquímica con alto valor agregado tecnológico industrial. Y, para rematar, la disposición legal también dejaría en manos de los corporativos la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Una reforma constitucional de estas dimensiones exigía los más sigilosos, amplios y dispendiosos acuerdos entre las cúpulas políticas del Estado mexicano. Así, en una conjura entre las jefaturas partidarias, la oligarquía nacional y las corporaciones y poderes extranjeros –que desgraciadamente se hizo llamar “Pacto por México”– decidieron pasar por encima de los derechos y garantías de los mexicanos para implementar la dolosa reforma constitucional que tiene como objetivo único contribuir a la seguridad energética de los Estados Unidos; a sus ingresos fiscales y a los negocios de sus bancos, corporaciones energéticas e industriales.
Para ese momento sólo una coartada hacía falta para justificar ante los mexicanos la inevitabilidad de la reforma: “o se establece un nuevo marco legal o Petróleos Mexicanos (PEMEX) va a una ineludible quiebra”. Una quiebra pre-fabricada años atrás que tomaba nuevas dimensiones en la administración de Peña Nieto.
Dos son las principales acciones emprendidas por el nuevo gobierno para debilitar y, con ello, justificar la entrega de PEMEX a inversionistas privados: la excesiva carga fiscal y los fuertes recortes presupuestales que le han impuesto. Estas medidas han provocado un enorme endeudamiento y el paulatino desmantelamiento de la industria petrolera nacional. Estas acciones se han encubierto con el embuste de la reducción del precio internacional del petróleo, como única causa de la falta de recursos.
Aún desde antes de la aprobación de la reforma constitucional, los datos financieros de PEMEX de los años 2013, 2014 y 2015, demuestran que las acciones para fortalecer a PEMEX que realizó el gobierno de Peña Nieto tuvieron, en realidad, el objetivo de conducir a su quiebra.
Desde su creación, PEMEX fue el pilar de la economía mexicana y sostén fundamental de toda la economía política por sus extraordinarios aportes fiscales, de divisas y de equilibrio de las balanzas comercial y de pagos de la nación.
En realidad, es la política fiscal implementada por el actual gobierno la que profundiza la tendencia a la quiebra de PEMEX. Se estima que la paraestatal aportó 9 billones de pesos de impuestos, derechos y aprovechamientos al Estado, tan sólo durante el periodo 2000 al 2016, cantidad extraordinaria de recursos que fueron destinados de manera irracional e irresponsable, casi en su totalidad, a gasto corriente y no a inversiones productivas. El porcentaje de ingresos petroleros respecto de los ingresos totales del sector público fueron en promedio de 1990 a 2016 de 28.87%. El año en el que PEMEX contribuyó con más ingresos al sector público fue en 2008, llegando a aportar el 44.3% de los ingresos públicos.
No conforme con ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto adoptó cinco acciones para estimular la quiebra de la empresa: constantes recortes presupuestales, régimen fiscal confiscatorio, deducciones fiscales menores que las que se aplican a los contratistas privados, endeudamiento excesivo que se destina al gasto corriente del gobierno y no a la inversión productiva de PEMEX, y falta de inversión para aumentar la capacidad operativa de la industria.
En cuanto a los recortes presupuestales tenemos que el 13 de febrero de 2015 el ajuste presupuestal fue de 62 mil millones de pesos (11.5 % inferior al aprobado por el Congreso de la Unión. 58,794 millones de pesos de inversión y 3,206 millones de pesos de operación). Para el 27 de marzo de 2015 –Sesión 888– se aprobó una reducción de 234 mil 984 millones de pesos al presupuesto de PEMEX. El 18 de agosto de 2015 –Sesión 898– se redujo el presupuesto (Cifra no disponible). Y, finalmente, el 29 de Febrero del 2016 el consejo de administración aprobó un nuevo recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos.
En torno al régimen fiscal confiscatorio tenemos que, ya con la reforma constitucional en materia energética, se estableció un esquema para la exploración y extracción de petróleo a PEMEX, mediante asignaciones; y un esquema distinto para contratistas privados o mixtos. Se estableció la obligación de licitaciones internacionales, y se creó un nuevo régimen fiscal dual en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que impone mayores obligaciones fiscales a PEMEX.
PEMEX no paga los mismos impuestos que las empresas privadas. De acuerdo con el transitorio décimo cuarto en materia de energía, el Fondo Mexicano del Petróleo está obligado a contribuir con los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal, que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación se mantengan en el 4.7% del Producto Interno Bruto.
El régimen fiscal de PEMEX en las asignaciones es desventajoso frente al régimen fiscal de los contratos de producción compartida y licencias de las empresas privadas.
Finalmente, podemos observar que durante todo el sexenio de Peña Nieto hubo una política deliberada de aumentar año con año la deuda de PEMEX; sin embargo, ésta no se ha utilizado para invertir en activos, sino en deuda de largo plazo del gobierno federal. La deuda neta de PEMEX a partir de la entrada del gobierno de Peña Nieto ha aumentado de 667,624 millones de pesos en 2012 a 1,940,287 millones de pesos al cierre de 2017.
Las implementaciones nocivas con las que el Estado busca deliberadamente quebrar a PEMEX se convierten en una especie de “marco justificador” para la implementación de la Reforma Energética y todo su contenido regresivo. Un modelo que ya hemos visto en el pasado con resultados perniciosos para el pueblo mexicano como lo fueron los casos de Ruta-100 y Luz y Fuerza del Centro; lo que hace constar que las denominadas Reformas Estructurales no son otra cosa que un instrumento de la alianza monopólica internacional para reducir sustancialmente el control del Estado mexicano sobre los hidocarburos y dejarlos a su entera disposición. Reformas diseñadas por los grandes organismos financieros internacionales, adscritos al Consenso de Washington, a la medida de las necesidades energéticas del imperialismo norteamericano.