Dra. María Cozumel Butrón Olguín
El mismo día que ocurrió la tragedia en la escuela primaria de Uvalde, Texas, México registraba el día más violento y el Secretario de Salud declaraba que la salud mental se atiende “de manera integral en la familia”, para justificar la desaparición de los hospitales psiquiátricos, dejando en el abandono las políticas públicas en materia de salud mental.
A esta triste y lamentable alineación de eventos, se suma el renovado debate en la Unión Americana, sobre el tema de la venta indiscriminada de armas, mientras el centro de la atención pública se desplazaba a las discrepancias históricas sobre el acceso ilimitado a armas de alto poder, por parte de personas que podrían representar potencialmente un peligro para la sociedad norteamericana. En estos días, políticos y gobernantes han expresado sus posturas coyunturales sobre la posibilidad de extremar la regulación del acceso al armamento, dejando de lado el verdadero centro del problema: la ausencia de políticas públicas para brindar atención psico-emocional a los integrantes de las comunidades más vulnerables.
Más lamentable aún, la situación en nuestro país, en el que la violencia generalizada se ha asimilado como condición normal, se minimizan la expresiones de descomposición social al grado de considerarlas “herencia del pasado neoliberal”, “efectos colaterales de enfrentamientos entre delincuentes”, “exageraciones de la prensa”, “complots de los conservadores”, y un lamentable etcétera. Más allá de las lecturas políticas o ideológicas, ni siquiera los grupos de especialistas y menos aún los responsables del sector salud, han señalado la importancia de atender a la población en materia de salud emocional.
Sería mucho esperar que se asignaran recursos extraordinarios para desplegar una intensa campaña de salud mental y disponer de personal especializado en cada centro de salud, clínicas, hospitales de todos los niveles y escuelas, para que la población afectada por los efectos del confinamiento durante la pandemia y por la crisis económica, pudieran ser atendidos y ofrecer alternativas de salud mental que eviten eventos de violencia, suicidios, adicciones y conductas propias de la desesperación, la angustia y la frustración.
En este punto debemos resaltar la importancia de la sociedad civil organizada, que juega un papel fundamental, ya que su experiencia y conocimiento del tejido social, permitiría un mayor acercamiento con la población y facilitaría la coordinación de tareas entre los diferentes niveles de gobierno, para la implementación de los programas de salud emocional.
Por otra parte, es necesario que las autoridades educativas incorporen en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, los aspectos relacionados con la educación emocional de niñas, niños y adolescentes. Existe evidencia científica que demuestra la correlación del aprendizaje de habilidades socioemocionales y el mejoramiento de la salud mental y física de las y los alumnos, con efectos trascendentes en la disminución de conductas inapropiadas en los entornos escolares, familiares y sociales.
Salvador Ramos, el joven asesino de Uvalde, era ciudadano norteamericano, de ascendencia mexicana y radicado en una comunidad considerada como predominantemente latina. Era un joven aficionado a los videojuegos violentos, que padecía abandono de sus padres y era vulnerado en su entorno escolar.
La combinación idónea para desarrollar una mentalidad criminal y violenta. Nadie se percató de la evolución psicopatológica de Ramos. Hoy, las familias de las víctimas se centran en la actuación de la policía local, que pudo haber evitado la muerte de muchos niños. Lo cierto es que la tragedia sí pudo evitarse si se le hubiese brindado atención especializada a Salvador Ramos. Hoy es demasiado tarde para los 19 niños asesinados y sus familias, pero aún es tiempo de actuar para prevenir nuevos incidentes, tanto en escuelas de EUA como en nuestro país.
La lamentable experiencia de Uvalde, nos lleva a reflexionar también, sobre la necesidad de prestar atención a los migrantes mexicanos en territorio estadounidense. Sabemos que la economía de nuestro país está sostenida por la enorme cantidad de recursos que ingresan como remesas enviadas por los trabajadores mexicanos que han emigrado a EUA. Sin embargo, poco o nada se hace por su bienestar psicológico y emocional, considerando las enormes dificultades que deben enfrentar cotidianamente para sobrevivir en el país más poderoso del planeta, con un idioma distinto y con enormes exigencias en materia laboral y cultural.
Finalmente, es verdad que las familias juegan un papel fundamental en la salud mental de la población, sin embargo el Estado mexicano no debe, ni puede renunciar a su responsabilidad para preservar la salud de todos los mexicanos, tanto física como emocional y debe disponer de los recursos que sean necesarios para asegurar que la niñez y la juventud tengan acceso a la atención de especialistas, para fortalecer y desarrollar sus habilidades socioemocionales. Estamos a tiempo de formar nuevas generaciones de mexicanos que sean capaces de convivir en un marco de respeto y de ejercicio de los valores universales, en el que se erradique la violencia contra los sectores más vulnerables, como son las niñas y las mujeres.
Impulsemos desde nuestras áreas de estudio y de trabajo, la necesidad de que se diseñen y apliquen a la brevedad posible, políticas destinadas a la educación emocional de todos los mexicanos.